Frente x Verdad y Justicia

Volante del 20 de mayo

2011-05-23T21:39:00.000-07:00

Ojo que el BIcho va por barrios...

2011-05-23T21:35:00.001-07:00

Gracias...

2010-12-05T08:25:00.000-08:00

María Ester Gatti

Nació el 13 de enero de 1918, en Montevideo, en la calle Guaná 2012.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública en el barrio Cordón, donde vivía. Cuando terminó sus años escolares, ingresó en la Universidad de las mujeres y luego al Instituto Magisterial para recibirse de maestra con 17 años, en 1935.

No pudo comenzar a trabajar en la escuela pública, hasta 5 años después, al negarse a firmar una adhesión al régimen del dictador Gabriel Terra.

En 1948 se casó con Ramón Agustín Islas González de cuyo matrimonio nació el 18 de abril de 1953, su única hija Maria Emilia.

Vivió gran parte de su vida en el barrio de Colón.

Su hija Maria Emilia también inicio sus estudios de magisterio y se caso con Jorge Zaffaroni Castilla en 1973.

Perseguidos por la dictadura por su militancia política en la ROE (Resistencia Obrera Estudiantil), el matrimonio Zaffaroni- Islas debe refugiarse en la Argentina, en donde participan de la fundación del PVP.

El 22 de marzo de 1975, nace en Argentina su nieta Mariana,

El 27 de setiembre de 1976, María Emilia, su esposo Jorge Zaffaroni y su nieta Mariana, fueron secuestrados en Argentina por fuerzas militares uruguayas y argentinas.

A partir de ese momento, María Ester, convirtió su dolor en lucha iniciando una batalla, enfrentada al poder dictatorial primero y a la insensibilidad y la complicidad de los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura.

Junto a Luz Ibarburu de Recagno, Violeta Malugani, Maria Elena Antuña de Gatti, Irma Hernandez y Milka Prieto, inician las primeras denuncias colectivas, (entre ellas a la OEA) de los desaparecidos uruguayos en la Argentina, que darán lugar, posteriormente, a la conformación del grupo de Familiares de uruguayos Detenidos Desaparecidos en Argentina.

En 1979 cuando son ubicados los hermanitos Julien, en Valparaíso, Chile, viaja a ese país, ante la posibilidad de que su nieta haya sido llevada con ellos.

Fue una activa propulsora de las denuncias, ante los organismos internacionales y los distintos estrados judiciales nacionales y extranjeros.

Entre las múltiples gestiones y entrevistas que realiza logra interpelar al mayor Gavazzo en dictadura para reclamarle por su nieta, en el mismo domicilio de este.

Encara la búsqueda en Argentina junto con Abuelas de Plaza de Mayo, donde se recogía la información de los presuntos hijos de desaparecidos.

El 24 de julio de 1980, fallece su esposo de un ataque cardiaco..

En 1983 obtiene la primer información respeto a su nieta, al publicarse en Brasil una entrevista a un represor argentino que dice que otro represor se habría apropiado de la niña.

Viaja a Brasil con la madre de Jorge Zaffaroni, donde realiza contactos con organizaciones de derechos humanos y políticos interesados en el tema.

Posteriormente se recibe información de quien es el represor que se habría apropiado de su nieta, Miguel Angel Furcci, miembro de la SIDE argentina, dando origen a la presentación de la denuncia ante la justicia argentina.

Luego de un largo e irregular tránsito por los juzgados argentinos de la denuncia y el pedido a la justicia de medidas cautelares, se da la fuga de los apropiadores con Mariana, al Paraguay.

Posteriormente viaja a Paraguay junto con Milton Romani, siguiendo datos para ubicar a Mariana.

En 1985, presenta junto a un grupo de familiares de desaparecidos, una denuncia penal ante la justicia uruguaya, la que no prospera en virtud de la aprobación por el Parlamento el 22 de diciembre de 1986, de la Ley de caducidad.

Junto a Elisa Dellepiane de Michelini, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, a partir del 5 de enero de 1987, preside la Comisión Nacional pro-referéndum, movimiento que busco mediante el referéndum, anular la ley de caducidad.

En ese marco que culmino con la realización del referéndum el 16 de abril de 1989, fue una incansable participante de actividades en todo el país y a nivel internacional. Realizo dos giras europeas, una acompañada de Luz Recagno y otra por Sara Méndez.

En 1992 es ubicada nuevamente Mariana, y le es restituida su identidad y son procesados los apropiadores.

El 19 de abril de 2007, integra la Comisión presidida por Mario Benedetti, del Museo de la Memoria.

El 27 de marzo de 2008, fue designada por la Junta Departamental de Montevideo, ciudadana ilustre.

Fue una impulsora del voto rosado, con el fin de lograr la anulación de la ley de caducidad en octubre del 2009. Durante una de sus últimas apariciones públicas, María Ester expresaba: "No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar".

Mantiene hasta los últimos días de su vida una infatigable búsqueda de su hija Maria Emilia y todos los desaparecidos. Fallece el domingo 5 de diciembre de 2010, a los 92 años de edad acompañada de su nieta Mariana en la Residencia San José de la calle Millán donde vivió los últimos años formando parte del proyecto solidario “Ibiray”. Al igual que muchos familiares, muere sin saber la suerte de su hija.

05/12/2010.

2010-06-21T07:02:00.001-07:00

todas y todos

2010-06-21T07:01:00.001-07:00

Todas y Todos MARCHAMOS

2010-06-16T18:53:00.000-07:00

2010-06-16T15:18:00.000-07:00

EL viernes 25 TODAS Y TODOS MARCHAMOS CONTRA LA IMPUNIDAD

18 hs Pza. Libertad

DESARMANDO LA IMPUNIDAD

2010-06-16T15:12:00.000-07:00

Programa del Coloquio

2010-06-16T15:05:00.000-07:00

Semana contra la Impunidad

2010-06-12T21:20:00.000-07:00

Volante repartido el 1º de mayo

2010-05-07T14:33:00.001-07:00

Campaña de propaganda

2010-05-01T21:09:00.000-07:00

En el marco de la campaña de propaganda que empezamos a organizar, de cara al mes de mayo, con centralidad en las fechas 1º y 20 de este mes, nos juntamos a preparar pasacalles. Nuestra idea poder informar sobre las diferencias entre la derogación y la anulación. Y seguir marcando la contradicción y lo injusto de que esta ley se mantenga.

Este vídeo, es un trabajo de los compañeros del Colectivo de comunicación Contrafuegos.

Quedan los últimos pegotines!

2010-05-01T21:08:00.000-07:00

la inseguridad...

2010-03-29T15:16:00.000-07:00

Difundirlo es sembrar Memoria.

En el noticiero de la noche del día de ayer, comentaron una noticia que ha pasado casi inadvertida. La noticia de que le han robado (y ya van 4 veces), a la fiscal Mirta Guianze.

Puede pasar este nuevo y reiterado hecho como un robo más. Y encima a comienzos de la semana de turismo, cuando buena parte de los uruguayos salen de vacaciones.

Pero no se necesita ser muy perspicaces, para entender que acá hay intereses en juego. Según el reporte de la noticia dice: “que entraron a la casa mientras ella no se encontraba, y revisaron todo, llevándose solamente la laptop y algunos CD, que tenía información de los casos sobre Derechos Humanos”. Casos que son de suma importancia, así lo relató la fiscal a los medios de prensa.

Bien vale hacernos muchas preguntas sobre este caso que nuevamente se reitera en forma continua.

¿A dónde va esa información? ¿Quién la “solicita”?

¡Seguramente no serán los familiares de las víctimas!

¿Qué recaudos toma el gobierno sobre este caso?

Es a la única fiscal que le pasa esto. Sabemos todos que, es la única fiscal que ha contribuido más, a las causas sobre los delitos de Lesa Humanidad del período más sangriento de la historia del país.

¡No nos hagan creer que son chorros comunes!

Ya cuando se hizo una requisa, hace tiempo en la cárcel de Domingo Arena se encontraron CD, con información de varias personalidades entre ellas de la fiscal Mirta Guianze ¿qué casualidad?

Bien vale seguirse preguntando nuevamente: ¿Quién controla a estos señores, que desde su prisión hacen inteligencia a la sociedad?

Y sigamos preguntándonos: ¿acaso estos “viejitos” son los que irían a soltar a la sociedad uruguaya de nuevo?

¡Parece ser que las cartas están a la vista!, en este diabólico juego donde hay intereses de varias partes.

Si seguimos pensando en profundidad, seguramente aparezca un infeliz que se haga cargo de todo esto, y todo quede como está.

Y mientras tanto, la sociedad duerme esta larga siesta, a que nos condenaron hace tantísimo tiempo atrás. Y en el medio de todo esto la salud, el esfuerzo de una fiscal o jueces comprometidos, queden desplazados hacia un ostracismo que sólo nos traerá tiempos de oscuridad.

¡Seamos solidarios todos! Las organizaciones de Derechos Humanos, la gente de a pie, Familiares, todos/todas, desde el exterior también, deberíamos apretar filas en torno a estos hechos. Prender la alarma de alerta y exigir transparencia.

¡Por Verdad y Justicia!

MARTHA PASSEGGI.
reportera-gráfica.

Próxima reunión

2010-03-19T08:53:00.000-07:00

El Frente se vuelve a juntar este sábado a las

19hs en el local de Extensión Cultura, sobre

18 de julio y Eduardo Acevedo, pegado

al INJU, una casa violeta.

AZUCENA Y LA DESMEMORIA

2010-03-12T13:37:00.000-08:00

Sobre el peligro de confundir justicia con venganza

María M. Delgado *

En homenaje a quienes resistieron

la tortura y las cárceles de la dictadura,

a 25 años de su liberación.

Y a quienes no pudieron, también.

Cuando conocí a Azucena -a secas, como la llamábamos entonces- en 1981, ella era una abogada madura y aguerrida que defendía presos políticos y que había renunciado al Colegio de Abogados por considerar que éste había tenido una postura demasiado complaciente con la dictadura cívico-militar.

Eran tiempos tan duros que desde el presente es imposible imaginarlos a quienes no los vivieron. Defender presos políticos ante la “Justicia Militar” era una causa perdida en un país donde ni siquiera la Justicia Civil funcionaba de manera independiente. Se trataba más bien de una excusa para visitar a los presos y presas (que tenían un régimen de visitas tremendamente restringido), darles apoyo moral, demostrar al enemigo que alguien se preocupaba por ellos/as, presentar algún escrito pidiendo la libertad anticipada cuando alguno estaba gravemente enfermo o en fase terminal... y muy poca cosa más. Azucena fue una de las pocas defensoras que, excepcionalmente, consiguió alguna vez que un preso político muriera en su casa y no en el penal de Libertad.

Esa Azucena que forma parte de mis recuerdos entrañables de los primeros tiempos del SERPAJ, no tiene nada que ver -hace mucho rato ya- con la ex ministra de Defensa que acaba de expresar públicamente sus ideas a favor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Su metamorfosis podría ser un ejemplo más del efecto perjudicial que tiene sobre las personas la convivencia cercana con las altas esferas y el poder.

En este caso, es una pena que esa convivencia -y al parecer identificación- no haya servido para que la ministra ejerciera su autoridad para obligar a las Fuerzas Armadas a colaborar seriamente con las investigaciones y revelar el destino de los detenidos-desaparecidos asesinados por sus integrantes; o al menos para evitar que hicieran declaraciones mentirosas, confundiendo a las instituciones de gobierno, burlando a la opinión pública, ofendiendo la memoria de sus víctimas y jugando con los sentimientos de familiares y sobrevivientes.

Debería sorprendernos -aunque a esta altura me sorprende cada vez menos- que no haya habido reacciones desde los grupos de derechos humanos, y hasta del propio Poder Judicial (tan sensible siempre a cualquier crítica hacia la corporación), ante las declaraciones de una profesional del Derecho -y ex representante del Poder Ejecutivo- que considera “una venganza” cuando la Justicia actúa con todas las garantías del debido proceso y en consonancia con el Derecho Internacional para sancionar a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Las/os sobrevivientes de la represión y los familiares de las víctimas del puñado de criminales de lesa humanidad que hoy están en prisión (mientras cientos de ellos todavía permanecen impunes), las/os defensoras/os de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, tuvimos que esperar más de dos décadas para que por fin se abriera una mínima fisura en el poderoso muro de la impunidad -construido y defendido por el sistema político a partir de 1985-, y para que Uruguay dejara de ostentar el vergonzoso récord de ser el único país del Cono Sur donde ningún militar o ex dictador había siquiera declarado ante un juzgado.

Azucena Berrutti sabe mejor que nadie que si esos “pobres” señores “viejos y enfermos” están hoy en la cárcel (y apenas desde hace un par de años) es porque la impunidad reinante en el país les permitió gozar de los mejores años de su vida en total libertad, viviendo cómodamente cerca de sus víctimas sin tener que rendir cuentas de sus crímenes, y disfrutando de la holgada jubilación que les pagamos las ciudadanas y ciudadanos con nuestro aporte (también el de sus víctimas).

Y ¿qué pensarán los 8000 presos comunes que se hacinan en las cárceles uruguayas como pollos en una avícola moderna -en condiciones de encierro, alimentación e insalubridad que el mismo Relator Especial sobre Tortura de la ONU Manfred Nowak consideró entre las peores que ha visto en el mundo- de que la Dra. Berrutti considere como 'venganza cruel' las condiciones de absoluto privilegio que disfrutan en una cárcel VIP los peores criminales que ha tenido este país en toda su historia?

¿Cómo calificar a un Estado que -a través de su gobierno progresista- les construye una cárcel especial y de lujo a los autores de decenas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados clandestinos internacionales, robos de bebés, y millares de torturas aberrantes, mientras amontona en cárceles inmundas a los miles de hijos del neoliberalismo de los 80 y 90 por robar celulares o vender pasta base al menudeo? (Sí, ya sabemos que hay grandes criminales, y asesinos y violadores en esas cárceles; pero son los menos, como también sabemos).

El flamante presidente José Mujica -quien fue uno de los presos políticos que sufrieron las condiciones más extremas de prisión prolongada, tortura sistemática, total aislamiento y falta de las mínimas garantías- ha expresado en varias ocasiones ideas afines a las de Azucena Berrutti. No debería sorprendernos demasiado que en algún momento de su mandato tome la iniciativa de 'perdonar' a los pocos militares que están procesados por delitos de lesa humanidad. No sería la primera vez que, en esta materia, Uruguay desconoce y viola groseramente el Derecho Internacional de los DDHH. Lo hizo al aprobar la ley de impunidad en 1986, y al ratificarla por voto popular en 1989 y 2009.

Esa normativa internacional -que Uruguay debería cumplir y respetar, por haberla ratificado- establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables (“tampoco son plebiscitables”, habría que haber agregado, para que los partidarios de la justicia no cometieran dos veces el mismo error), y que los Estados están obligados a investigarlos y sancionarlos con todo el rigor y las garantías de la ley.

En realidad, a ese orden jurídico internacional le tiene sin cuidado lo que la ciudadanía uruguaya haya decidido en las tres instancias mencionadas arriba, porque la ley de Caducidad nació ilegítima desde el punto de vista del Derecho Internacional, y seguirá siéndolo más allá de todas las ratificaciones que tenga en el orden interno. Daría lo mismo que mañana esa misma ciudadanía aprobara por voto popular el retorno de la esclavitud, o ratificara una ley estableciendo que las mujeres no pueden votar. Para la comunidad internacional, Uruguay seguiría siendo un Estado que viola la legislación internacional en materia de DDHH, igual que al mantener la ley de impunidad.

Pero no es buena señal que desde el poder político y sus voceros (o ex voceras) se insinúe que lo poco que se ha podido hacer en 25 años de institucionalidad democrática para combatir la impunidad y cumplir con el Derecho Internacional, es demasiado. Y peor aún que entre ellos/as haya quienes pretenden confundir el actuar limpio de la Justicia con la “venganza”.

Hay que reconocer, no obstante, que a Uruguay su 'inconducta' prolongada y reiterada le ha salido barata hasta ahora, gracias a la debilidad del sistema internacional. Recién este año, y por primera vez, la Corte Interamericana de DDHH va a juzgar al Estado uruguayo por no haber investigado ni sancionado el secuestro, traslado internacional, prisión clandestina y asesinato en nuestro país, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de una ciudadana argentina de 19 años, y el robo de su bebé recién nacida y la sustracción de su identidad, hace 34 años.

Sería conveniente que quienes están pensando desde las altas esferas en algún prematuro 'acto de generosidad' hacia ese puñado de criminales presos tengan en cuenta este antecedente, antes de implementar cualquier medida de perdón que nos vuelva a avergonzar ante la comunidad internacional.

Y más saludable aún sería que la opinión pública que reclama sin cesar “mano dura” contra la delincuencia cotidiana también exprese enérgicamente su alarma ante la amenaza social que representaría dejar en libertad a estos criminales internacionales -sin importar la edad que tengan.

* María M. Delgado fue co-fundadora e integrante de SERPAJ entre 1981 y 1999. Desde 2000 no participa en ninguna organización de derechos humanos en Uruguay.

Noticia

2010-03-09T09:52:00.000-08:00

Impunidad. Se aceptará responsabilidad del Estado para evitar la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Gelman: Uruguay "se allanará" a la denuncia y deberá dejar "sin efecto" Ley de Caducidad

Los días de vigencia de la Ley de Caducidad estarán contados a partir de que el gobierno del presidente José Mujica admita la responsabilidad del Estado uruguayo en el caso Gelman y se vea obligado a dejar "sin efecto" la ley que otorgó impunidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Roger Rodríguez

Aún impune. La ley que amparó a este y otros crímenes tiene los días contados.

El Estado uruguayo designará este mes a sus defensores en el juicio que le realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el caso Gelman y ya estudia un mecanismo para "allanarse" (declararse culpable) a la denuncia y evitar una condena internacional al eliminar la Ley de Caducidad de su ordenamiento jurídico.

El juicio contra Uruguay fue iniciado formalmente el 21 de enero pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya en 1992 había declarado que la Ley 15.848 era contraria a la normativa internacional y recomendó al gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle que la quitara de la legislación uruguaya.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena denunciaron a Uruguay ante la CIDH el 8 de mayo de 2006 por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976, por la supresión de la identidad de su hija nacida en cautiverio y por la falta de investigación y justicia debido a la aplicación de esa ley.

Uruguay será juzgado por contravenir derechos humanos internacionales que garantizan la protección judicial, la vida, la libertad y la integridad de las personas, como la identidad de los niños, y que obligan a sancionar en forma seria y efectiva a los responsables de esas violaciones a las normas de convivencia entre los seres humanos.

Para la CIDH la desaparición forzada de María Claudia "es una violación continuada de múltiples de sus derechos esenciales de carácter inderogable que se prolonga hasta la fecha. Por otra parte, la falta de conocimiento de la verdad y de juzgamiento de los perpetradores de los hechos del presente caso contribuye a prolongar el sufrimiento causado (...) en perjuicio de las víctimas y sus familiares a pesar del deber del Estado de proporcionar una respuesta judicial y una reparación adecuada".

"Que quede sin efecto"

Fuentes con amplio conocimiento del derecho internacional que han sido designadas en la nueva administración Mujica, confiaron a LA REPUBLICA que el Estado uruguayo no tiene "ninguna salida" en el juicio internacional por el caso Gelman y ya analiza cómo eliminar la ley, por que es el único camino para evitar una condena internacional.

"En los tres últimos años del gobierno de Tabaré (Vázquez), mientras se procesó el caso en la Comisión Interamericana, lo que se hizo fue ganar tiempo. Uruguay contestaba que la actual administración era sensible al tema derechos humanos y enumeraban sus logros, pero ni con prórrogas pudo responder al asunto Gelman", dijo el informante.

"Ahora, el caso llegó a la Corte y el Estado uruguayo no tienen otra salida que eliminar la Ley 15.848. Tiene que hacerlo más temprano que tarde y no puede arriesgarse a recibir una condena. Al iniciarse el juicio, cuando las partes presenten sus argumentos deberá allanar la denuncia, lo que implica aceptar su responsabilidad", agregó.

Según la fuente, una vez aceptada la responsabilidad del Estado uruguayo en el tema, se deberá encontrar una "fórmula" para eliminar la ley del ordenamiento jurídico nacional, ya que la CIDH entiende que a pesar de los plebiscitos que en 1989 y 2009 no lograron anular la ley, el Estado tiene mecanismos para dejar sin efecto la norma.

En su denuncia ante la Corte, la CIDH señala que, además de investigar la desaparición de María Claudia, el secuestro de Macarena y determinar las responsabilidades penales, Uruguay debe "adoptar medidas legislativas y de otra índole necesarias para que, de acuerdo con sus procesos constitucionales y las disposiciones de la Convención Americana, quede sin efecto la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad".

El tema en la agenda

La decisión del Estado uruguayo de "allanarse" a la denuncia y evitar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que podría implicar hasta su expulsión de la OEA), coloca el tema en la agenda del gobierno del flamante presidente José Mujica, quien no hizo referencia al tema derechos humanos en su discurso de asunción.

Mujica recibió críticas al respecto sólo horas después de los actos de toma del poder, ya que varios referentes en la lucha por la verdad y la justicia le recriminaron su indiferencia a la presencia de los familiares de los desaparecidos cuando desfilaba en su "Pepemóvil" eléctrico desde el Palacio Legislativo hacia el edificio de la Presidencia.

En el ambiente de las organizaciones de derechos humanos, también se cuestionó al nuevo presidente por una supuesta falta de "voluntad política" en el apoyo del voto rosado en la campaña de las elecciones del pasado 25 de octubre, cuando no se alcanzaron los votos necesarios en el referéndum para anular la Ley de Caducidad.

El propio Mujica debió salir el pasado 5 de marzo a explicar que durante su gestión continuará la búsqueda de los desaparecidos ("si hay un pedido expreso o surgen nuevos hechos", acotó) y que seguirá interpretando la Ley de Caducidad como lo hizo su antecesor Tabaré Vázquez, cuyo gobierno habilitó todas las investigaciones judiciales.

Mujica también decidió dar continuidad a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y se designó al Dr. Javier Miranda, hijo de un desaparecido, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, que son los únicos ámbitos para el tema hasta que no se otorgue presupuesto y se constituya el Instituto Nacional de los DDHH, creado hace un año por el Parlamento.

Tres para una fórmula

Las posibilidades de que la Ley de Caducidad "quede sin efecto", como recomendó la CIDH y como exigirá la Corte Interamericana, tiene variadas y múltiples consecuencias, según cuál de los tres poderes del Estado tenga el protagonismo de crear una "fórmula" que respete, a la vez, la Constitución y las normas internacionales.

El Poder Ejecutivo puede tomar la iniciativa de enviar al Parlamento una norma que elimine la Ley 15.848 o puede ser el propio Poder Legislativo quien a través de la bancada del gobierno propicie la iniciativa legal que saque del ordenamiento jurídico uruguayo a la polémica ley, luego que dos iniciativas populares fracasaron en el intento.

La parlamentarización del tema promovería los interminables debates sobre si "derogar" la ley implica que existen cosas juzgadas que no se pueden revisar (y no se cumpliría el fallo de la Corte) y si "anular" la ley es posible ya que existen "bibliotecas jurídicas" contrarias a esa posibilidad (así lo declaró la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti).

También existe el camino de que intervenga directamente la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en el caso de los hermanos Peirano, cuya liberación ordenó como consecuencia de un fallo de la CIDH.

Una vía posible cuando la mayoría de los actuales magistrados ya declararon la inconstitucional de la Ley de Caducidad en un caso.

Sea cual sea la fórmula que se adopte, lo que parece claro es que los días de vigencia de la Ley de Caducidad están contados y que, más allá de las ambiguas señales del nuevo gobierno, el tema de los derechos humanos estará presente en los próximos cinco años con la reapertura de decenas de casos que fueron amparados en la impunidad.

LA REPÚBLICA

GRACIAS TABA...

2010-03-04T17:57:00.000-08:00

Adecuarán instalaciones de Punta de Rieles

Primeros pasos

04.03.2010 14:36

La entrega del establecimiento de Punta de Rieles a la órbita del Ministerio del Interior se realizará este viernes y pasará a funcionar como una cárcel para alojar exclusivamente a “presos penados”, informaron a Montevideo Portal desde la Dirección de Cárceles. Esta iniciativa fue resuelta en la administración de Tabaré Vázquez y ahora se procederá a la reestructura del lugar con “criterios penitenciarios”.

Desde la Dirección de Cárceles señalaron que "la entrega" del ex recinto de Punta de Rieles, desde la órbita del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior "está muy adelantada" y que actualmente se están "afinando detalles para firmar el acta de traspaso". Se espera que finalmente se efectúe este viernes a las 10 de la mañana en un acto meramente administrativo.

Hasta el momento el establecimiento de Punta de Rieles funcionaba como escuela de formación de oficiales, por lo que ahora se tendrá que hacer toda una obra de reacondicionamiento que insumirá "unos meses". La fecha exacta variará de acuerdo a las inclemencias del tiempo.

Será necesario readecuar las instalaciones del establecimiento, actualmente diseñado "con un concepto militar", siendo necesario "repensarlo con criterios penitenciarios". "Hay que reinvertir la estructura pues ahora todo está diseñado para cuidar desde dentro hacia fuera y nosotros tenemos que cuidar desde fuera hacia dentro, para que los presos no se nos escapen".

El futuro recinto será utilizado "exclusivamente" para alojar a "presos penados", aquellos que ya recibieron su condena, aunque este asunto será puesto a consideración de las autoridades.

Hasta tanto no comiencen las obras de reestructura se va a establecer un servicio de guardia para evitar robos de cualquier índole.

La idea de traspasar la cárcel al Ministerio del Interior fue resuelta en la administración Vázquez pero no se llevó a cabo por diferentes motivos. Éste será el primer paso del actual gobierno en el plan de construcción de nuevos recintos para terminar con el hacinamiento penitenciario.

Fuente: Montevideo Portal http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_104646_1.html

la última y nos vamos...

2009-12-17T05:25:00.000-08:00

La próxima reunión será este sabado 19 a las 19hs en el local de cultura de Extensión Univeristaria, (la casa violeta que esta al lado del INJU), como es sabado se entra por el INJU y en seguida a mano derecha.

Es la última reunión .....del año, por lo tanto se supone que después estaremos celebrando, con alguna bebida típica, que estamos cada vez más cerca para que se termine este año de mierda

Sabado 19 a las 19hs centro cultural de extensión universitaria.

de pintada

2009-12-08T16:18:00.000-08:00

Entre el domingo y lunes salimos en tres brigadas de pegatina y pintada para convocar a la marcha del 10.

La foto es de la brigada "torres del prado".

Próxima reunión

2009-12-03T17:55:00.000-08:00

Próxima reunión Sábado 5 de diciembre a las 17hs (puntual) en AODAMTOP, Magallanes y la Paz.
Después nos vamos a la coordinación de vecinos que es a las 19hs en el SUATT, Clemente Cesar y San Martin.

10 de diciembre

2009-11-30T11:29:00.000-08:00

Síntesis del Frente

2009-11-18T10:32:00.000-08:00

Nuestra memoria no olvida....

La derrota sufrida el 25 de octubre en el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad constituye, para aquellos que no vivimos la imposición de la dictadura ni el referéndum del voto verde en 1989, el golpe más doloroso y profundo que hayamos sentido. En ese momento, la impotencia y la tristeza parecían empañar la mirada e impedían vislumbrar por qué pasó lo que pasó y como seguir. En ese momento, parecía que todas las puertas estaban cerradas. Era mucho lo que se jugaba y era mucho también lo que habíamos puesto en esta campaña. Sabíamos que la lucha por la justicia no termina con la anulación de la ley de caducidad, pero estábamos convencidos de que una victoria en el plebiscito podía significar un nuevo marco para saber qué pasó y alcanzar la justicia.

Sin embargo, el paso del tiempo permite aclarar el pensamiento. Hoy, desde la reflexión colectiva, compartimos con ustedes estas valoraciones.

¿CÓMO LLEGAMOS A ESTE RESULTADO?

La campaña por el SÍ demostró, desde el inicio, el peso del vacío de los sectores partidarios y la debilidad de las organizaciones sociales que la impulsaron. Las organizaciones nucleadas en la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, impulsaron esta iniciativa pero no apostaron a movilizar a sus bases para desarrollar una campaña de propaganda fuerte, que cubriera cada muro en cada barrio con una pintada por el SÍ, que llenara de volantes cada feria vecinal. En el momento en que más tendrían que haber trabajado, se descansaron apostando a que el FA tomara partido y se pusiera al hombro la campaña. Priorizaron la contienda electoral, relegando la lucha por la justicia a un segundo plano.

La falta de presencia de esta campaña en la calle hizo que cientos de militantes de base empezáramos a organizarnos en forma espontánea para darle el impulso necesario en la recta final. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente. Llegamos tarde y la escasez de recursos hizo que fuera imposible competir con el protagonismo de la contienda electoral, que opacó la importancia de una pelea que va más allá de los 5 años que dura un período de gobierno, y que trasciende los colores partidarios y los candidatos.

Sumado a esto, el papel de los medios masivos de comunicación permitió ver una vez más el poder que tienen y cómo lo usan: la campaña por el SÍ no existió en los medios masivos. Durante meses todos los programas y periodistas nos bombardearon con las elecciones nacionales, pero ninguno de ellos levantó la campaña por el SÍ. Se olvidaron de informar que el 20 de octubre hubo una marcha de 200 mil personas contra la impunidad, se olvidaron que tenían que emitir la cadena nacional…

Desde las filas de todos los partidos políticos, la respuesta fue el silencio. La dirigencia del FA, el único partido que decidió apoyar esta campaña, buscó expresamente no quedar alineada a la campaña por el SÍ. Optó por medir costos políticos en lugar de apoyar la lucha por la justicia. Y no sólo no se comprometió con el tema sino que además generó confusión. Porque cuando un integrante de la fórmula sale a decir que la justicia tiene olor a venganza, o que esto se va a terminar cuando se mueran algunos viejos, confunde.

El silencio por parte del FA y de los medios de comunicación, sumado al hecho de que no existiera una papeleta del NO, hicieron que la derecha no tuviera que salir a expresarse. No tuvieron la necesidad de salir a defender su posición, no intervinieron en la campaña porque a nivel mediático no había campaña por el SÍ. Tal vez el escenario hubiera sido otro si la derecha hubiera expresado posiciones fuertes, porque esto permitiría colocar la campaña a nivel mediático y visibilizar las posiciones más fascistas de quienes aún hoy siguen defendiendo a los asesinos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESE 48%?

El hecho de que un 52% de la población no se haya expresado por el SÍ no legitima la ley de caducidad, y no significa que el pueblo uruguayo la haya respaldado. Este resultado debe ser interpretado de forma correcta: hubo un 48% de la población que se expresó a favor de la anulación de esta ley, y el 52% restante incluye a quienes no votaron en SÍ por falta de interés o por no estar informados, y a quienes entendían que la ley no debía anularse. Los días previos a la consulta las encuestas señalaban que solamente un 35% de los votantes estaba decidido a no apoyar la anulación de la ley con conocimiento del tema.

El 48% alcanzado por la papeleta rosada del SÍ implica un nivel de acumulación importantísimo en lo que refiere a información y generación de conciencia. Si bien no se llegó a los votos necesarios, el hecho de que una campaña que se hizo sin apoyo político alguno y sin recursos haya alcanzado este porcentaje refleja el trabajo de militantes que desde hace meses recorren cada rincón del país, y expresa el grado de deslegitimación que esta ley tiene. Hoy nadie cree que la lucha por verdad y justicia es una cuestión de quienes tienen los ojos en la nuca y no hacen más que mirar al pasado.

¿CÓMO SEGUIR?

Hoy el desafío más importante es mantener la lucha por verdad y justicia en la agenda, mantener la memoria. Después la derrota del referéndum del 89 la lucha por los derechos humanos quedó en el olvido durante años, sobrevino prácticamente una década de silencio. Pero hoy estamos en otro contexto, en el que la información y la conciencia en torno al tema son mucho mayores, y la falta de legitimidad de la ley de impunidad, que ha sido condenada tanto a nivel social como en el plano legal, permite redimensionar esta pelea.

Es necesario trabajar en la condena legal de esta ley y fortalecer el plano de las denuncias internacionales; y por otro lado generar actividades de información, concientización y movilización, a fin de ir generando una sensibilidad que refuerce la condena social a esta ley y se plantee la alternativa de la anulación parlamentaria. Porque sigue siendo injusta, porque nació nula y sigue siendo nula. Ampara a los militares y policías que violaron los DDHH durante la dictadura, responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones. Protege a quienes utilizaron el aparato estatal para reprimir a la sociedad, estableciendo privilegios para asesinos y torturadores. Viola tratados del Derecho Internacional ratificados por el Estado uruguayo, y ha sido declarada inconstitucional por los tres Poderes. El parlamento puede anularla y para eso necesita únicamente la mayoría simple.

Hoy es necesario darle continuidad a la lucha por verdad y justicia, redefiniendo las formas para desarrollar esta lucha pero manteniendo los ejes centrales de la misma. El desafío que tenemos es combatir el olvido, seguir luchando contra la impunidad, seguir trabajando en la reconstrucción de nuestra memoria.

¿QUIÉNES SOMOS?

El Frente x Verdad y Justicia surge de un grupo de compañeros que desde distintos ámbitos nos encontramos militando juntos en la campaña por la anulación de la ley de caducidad, y recoge la participación que generó esta campaña, desbordando las estructuras que desde las organizaciones sociales existentes se articularon para canalizar esta pelea.

Parte de la necesidad de continuar la lucha por verdad y justicia, en el entendido de que la derrota del 25 agota uno de los caminos para la anulación de la ley de caducidad, pero no agota las posibilidades de anularla; y que esta lucha no empieza ni termina con la anulación de esta ley. La búsqueda de verdad y justicia trasciende el plano legal y tiene que ver con el conocimiento del pasado, con la condena social y con la incorporación de nuevos valores, con la construcción de formas de convivencia más justas.

Es una respuesta organizativa que nuclea a quienes seguimos comprometidos con esta pelea, brindando un espacio de participación para quienes hoy no tienen un ámbito desde donde trabajar y articulando las luchas que confluyen en este tema desde distintos colectivos organizados.

Surge del reconocimiento del papel que nos toca jugar como protagonistas de nuestro tiempo. El último tramo de la campaña por el sí demostró la preocupación por el tema de muchísimos jóvenes, que decidimos hacernos cargo de esta pelea. Ya no se trata de una lucha que involucre únicamente a la generación que sufrió la dictadura y la derrota del referéndum de 1989. Hoy los jóvenes decidimos hacernos cargo de la lucha contra la impunidad, y asumirla como una pelea nuestra, de nuestro tiempo y por la construcción de un futuro más justo.

El próximo 10 de diciembre, día Internacional de los DDHH, estamos convocando a concentrarnos a las 17hs en la Curva del Cerro para marchar hasta el acto organizado por Madres y Familiares, en el Memorial de los Desaparecidos.

Nuestra dignidad no perdona

FRENTE X VERDAD Y JUSTICIA

Próxima reunión:

2009-11-16T20:47:00.000-08:00

Próximo reunión Sábado 21 de noviembre a las 18 hs. En el local de la Fedración de Funcionarios de Salud Pública.
Fernandez Crespo 2173 esq Quito

Algunos de los elementos discutidos hasta ahora:

2009-11-15T14:39:00.001-08:00

El primer objetivo para darle continuidad a esta pelea es mantener el reclamo por verdad y justicia en la agenda, haciendo énfasis en las consecuencias que tiene la impunidad hoy.

Después del plebiscito del 89 las organizaciones de DDHH enfrentaron serias dificultades para rearmar un discurso claro y reorganizar las fuerzas sociales, que permitiera seguir peleando. En este contexto, varios sectores (de izquierda y de derecha) intentaron silenciar el tema y darlo por finalizado. La consecuencia de esto fue prácticamente una década de silencio en torno al tema. Por otra parte, desde las organizaciones de DDHH el contenido del discurso cambio significativamente después de la derrota en el referéndum de 1989: se entendió que una vez cancelada esa vía para alcanzar la justicia, el eje de la pelea debía articularse en torno a la búsqueda de verdad, en el marco del artículo 4° de la Ley de Caducidad.

Hoy estamos en otro contexto, en el que la acumulación en torno al tema –en tanto generación de conciencia- es mucho mayor, y la falta de legitimidad de la ley de impunidad, que ha sido condenada tanto a nivel social como en el plano legal (tanto a nivel internacional como desde los diferentes poderes del estado uruguayo) permiten redimensionar esta pelea. Hoy es necesario darle continuidad a la lucha por verdad y justicia, redefiniendo las formas para desarrollar esta lucha pero manteniendo los ejes centrales de la misma. Más allá de la anulación de la Ley de Impunidad, el desafío que tenemos es no dejar que este tema quede en el olvido, seguir luchando por verdad y justicia, seguir haciendo el trabajo de la reconstrucción de nuestra memoria histórica.

Esto no significa que actualmente tengamos que empezar a movilizarnos exigiendo al parlamento la anulación, sino que es necesario empezar a generar el marco para ejercer esta presión y que sea efectiva. Eso implica por un lado trabajar en la condena legal de esta ley y fortalecer el plano de las denuncias internacionales; y por otro lado generar actividades de información, concientización y movilización, a fin de ir generando una sensibilidad en la gente que refuerce la condena a esta ley y se plantee la alternativa de la anulación parlamentaria.

¿Quienes Somos?

2009-11-15T13:31:00.001-08:00

Este espacio surge de un grupo de compañeros que desde distintos ámbitos nos encontramos militando juntos en la campaña por la anulación de la ley de caducidad, y recoge la explosión de participación que generó esta campaña, trascendiendo las estructuras que desde las organizaciones sociales existentes se articularon para canalizar esta pelea.
Parte de la necesidad de continuar la lucha por verdad y justicia, en el entendido que la derrota del 25 agota uno de los caminos para la anulación de la ley de caducidad, pero que no agota las posibilidades de anularla; y que esta lucha no empieza ni termina con la anulación de esta ley. La búsqueda de verdad y justicia trasciende el plano legal y tiene que ver con el conocimiento del pasado, con la condena social y con la incorporación de nuevos valores, con la construcción de formas de convivencia más justas.
Partiendo de estas valoraciones, intenta recoger la participación que se generó en el último período de la campaña y articular la continuidad de esta pelea. En este sentido, combina la respuesta a dos necesidades: brindar un espacio donde puedan organizarse aquellos que hoy no tienen un ámbito de militancia y articular las luchas que confluyen en este tema desde distintos colectivos organizados (Comisiones de DDHH, colectivos de comunicación, radios comunitarias, etc.)
Surge del reconocimiento del papel que nos toca jugar como protagonistas de nuestro tiempo. El último tramo de la campaña por el sí demostró la preocupación por el tema de muchísimos jóvenes, que decidieron hacerse cargo de esta pelea. Ya no se trata de una lucha que involucre únicamente a la generación que sufrió la dictadura y la derrota del referéndum de 1989. Hoy los jóvenes decidimos hacernos cargo de la lucha contra la impunidad, y asumirla como una pelea nuestra, de nuestro tiempo y por la construcción de un futuro diferente.
Es necesario impulsar una nueva voz que desde la izquierda se proponga darle continuidad a la lucha por verdad y justicia, fundando nuevas formas de participación social y construyendo un discurso que articule la profundidad en el contenido con la claridad y la coherencia.
Nos proponemos construir un espacio de trabajo horizontal y participativo, que nos permita debatir ideas y traducirlas al plano de la propuesta y la acción organizada, rompiendo con las lógicas burocráticas que centralizan la decisión y expulsan la participación.